Autoridades menos deficientes y menos corruptas
El dictamen que modifica de la Ley Universitaria, aprobado por el Congreso de la República, el cual está encaminado a democratizar la elección de sus autoridades, es “un paso adelante” como lo cataloga el economista Humberto Campodónico. Esta norma da un giro radical al sistema de elección, pues los rectores, sus vicerrectores y decanos serán elegidos en votación obligatoria, directa, universal, secreta y pacífica por un periodo de 5 y 3 años respectivamente. También se materializa en esta norma la permisibilidad de vacancia inmediata de las autoridades en casos comprobados y juzgados por malversación de fondos, uso indebido del cargo e inmoralidad. Es decir, cuando el ejecutivo promulgue y entre en vigencia esta modificatoria, todos los estudiantes, profesores y graduados aremos efectivo este derecho y deber eligiendo a nuestras autoridades; forma parecida a una democracia. Ahora, no sólo quienes integren los Consejos de Facultad o Asambleas universitarias nos representaran eligiendo a quienes cada cierto periodo guían el rumbo académico en los claustros universitarios, sino también todos los integrantes de estas casas superiores elegiremos nuestras autoridades universitarias. Cabe resaltar que esta norma, que fue aprobada por el Congreso por mayoría (57 votos a favor y 19 en contra), prescribe en su artículo 58 que los estudiantes pueden expresar sus ideas y no ser sancionados por ello.“Esta norma traerá consigo una politización en las aulas” dijo Iván Rodríguez. Es lógico que critique este avance en el sistema universitario ya que preside la Asamblea Nacional de Rectores, cuyos integrantes son, precisamente, elegidos por la modalidad actual. Es decir, quiere que dejen inmune la actual normatividad universitaria que se tiñe de corrupción cada vez que hay elecciones.
No podemos mostrarnos indiferentes con este dictamen, pues el ambiente de corrupción que actualmente se experimenta cuando se eligen a estas autoridades va a declinar: la compra de votos (como muchos estudiantes universitarios sabemos) y los favores políticos serán reprimidos con esta regulación. La política interna universitaria se profesionalizará, los aspirantes a estos cargos serán obligados a presentar un plan de trabajo que desempeñarán durante el ejercicio de su cargo, no solo esto, sino que sus propuestas estarán sustentadas en proyectos cuya materialización en la realidad sea efectiva; esto, con el fin de convencer a sus electores, de lo contrario, nadie podrá votar por quien no sabe lo que hará en su gestión si sale elegido, o por quien, con demagogia pretende llegar a desempeñar estos cargos direccionales en la universidad.
El Poder Ejecutivo tendrá en sus manos promulgar u observar este dictamen, esperamos opte por la primera opción. Ahora, sólo nos queda aventurarnos en este cambio, conociendo nuestra realidad universitaria para no ser incautos al momento de elegir a nuestras autoridades. Lo que muchos exigíamos anteriormente, se hará efectiva con la promulgación de esta norma. Tendremos autoridades menos deficientes y, tal vez menos corruptas. La tarea ahora es nuestra: participar y fiscalizar.
Autor: Franklin F. Chacón Amador
